El Gobierno nacional aprobó este lunes el Decreto Supremo 5600, una normativa que elimina de manera definitiva más de 160 decretos supremos que permitían la contratación directa en el Estado sin procesos de licitación pública.

La medida, anunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, establece la obligatoriedad de convocar a licitaciones públicas para todas las contrataciones estatales, con el objetivo de garantizar transparencia y competencia.

Según datos oficiales, durante casi 20 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), se aprobaron más de 160 decretos bajo la modalidad de contratación directa. Estas disposiciones permitieron la adjudicación de contratos sin competencia ni control efectivo, generando una afectación económica que supera los 1.100 millones de dólares, entre montos en moneda nacional y extranjera.

Las autoridades señalaron que entre los proyectos ejecutados bajo este mecanismo se encuentran obras como el Museo de Orinoca, impulsado durante la gestión del expresidente Evo Morales, que —según el Ejecutivo— no respondían a situaciones de emergencia ni a prioridades estructurales del país.

El Gobierno aseguró que la eliminación de estas normativas forma parte de una política orientada a “ordenar la casa” y reencaminar la economía nacional, fortaleciendo los mecanismos de control y promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos.

Con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5600, todas las entidades estatales deberán adecuar sus procesos de contratación a esquemas competitivos, marcando un cambio en la gestión administrativa del Estado.