La Paz, 29 de julio de 2025 – El Gobierno de Bolivia ha instruido una revisión y modificación sustancial de los protocolos de seguridad y custodia aplicables a los privados de libertad que reciben atención médica. Esta medida surge como respuesta directa a la controversia generada por la difusión de una imagen de Claudia Castro, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz e investigada en el caso Consorcio, quien aparecía esposada a una cama hospitalaria.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó la práctica de sujeción a camas de hospital como «inadmisible en un estado democrático». En consecuencia, ha emitido una orden expresa a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario para que se implementen de inmediato nuevas directrices que garanticen una custodia digna y respetuosa de los derechos humanos de los reos, especialmente durante periodos de hospitalización o internación prolongada.

Complementariamente a esta instrucción, el Órgano Ejecutivo ha remitido un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la implementación de dispositivos de vigilancia electrónica, como manillas y tobilleras. Esta iniciativa legislativa tiene un doble propósito: modernizar el sistema penitenciario y fortalecer la prevención de prácticas degradantes, así como contribuir a la erradicación de feminicidios y otros actos de violencia dentro de los recintos carcelarios y durante los traslados.

La disposición gubernamental refleja un compromiso por humanizar las condiciones de detención y asegurar que la seguridad penitenciaria se ejerza en estricto apego a los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.