7 de marzo de 2024

La dolorosa tragedia que sacudió a la ciudad de El Alto, donde dos niños perdieron la vida a manos de su propio padre, César Guillermo Tezanos Pinto Vargas, ha tomado un giro inesperado con el tratamiento que recibió Silvia Tarqui, madre de las víctimas, por parte de las autoridades judiciales y policiales.

En medio del devastador incidente, Silvia Tarqui se encontró en una situación incomprensible cuando, tras negar rotundamente haber estado bajo los efectos del alcohol, las autoridades exigieron que se sometiera a una prueba de alcoholemia para demostrar su inocencia. Esta solicitud surgió a raíz de las primeras investigaciones, que sugirieron un enfrentamiento entre los padres después de un presunto consumo de bebidas alcohólicas, desencadenando la tragedia que acabó con la vida de los dos pequeños y dejó a Silvia como víctima de un intento de feminicidio.

«El hecho de que la madre haya tenido que sacar un certificado de alcoholemia simplemente habla de que fue revictimizada por el sistema judicial y policial», expresó María Galindo, señalando el impacto profundo de la desconfianza sistemática hacia las mujeres en situaciones similares.

La solicitud de la prueba de alcoholemia no solo añadió una capa más de dolor a una madre afligida, sino que también destacó la necesidad imperativa de revisar y reformar los protocolos de actuación en casos de violencia familiar y de género, para evitar la revictimización y garantizar un trato justo y respetuoso a las víctimas.

En este contexto, la voz de Silvia Tarqui resuena como un llamado urgente a la reflexión sobre la necesidad de un sistema judicial y policial sensible y empático, que brinde un apoyo genuino a las víctimas en momentos de extrema vulnerabilidad y dolor.