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Oposición denuncia manipulación del MAS tras anulación de elecciones judiciales

Oposición denuncia manipulación del MAS tras anulación de elecciones judiciales

30 de abril de 2024. La oposición política ha alzado su voz en un coro unísono de desaprobación ante la reciente resolución de la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando), que ha dejado sin efecto las elecciones judiciales en un movimiento que ha sido calificado como «inadmisible» y una «aberración». Los legisladores del ala arcista han manifestado su intención de tomar medidas una vez que reciban la notificación formal de la decisión.

La senadora Andrea Barrientos, a través de sus redes sociales, ha expresado su consternación: «El MAS no tiene vergüenza. A través de sus operadores masistas acaban de dejar sin efecto las elecciones judiciales y debe lanzarse una nueva convocatoria. Rechazamos la determinación de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, quienes están cometiendo prevaricato».

En un comunicado a los medios, Barrientos también ha destacado el pasado político de la vocal Salazar como candidata del MAS en 2014, afirmando que esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la decisión tomada.

Por otro lado, el presidente de la comisión mixta de Constitución Senador, Miguel Rejas, ha señalado que la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales, enviada en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la cámara de Diputados, cumplía con todos los requisitos legales y constitucionales, refutando así la justificación de la Sala Constitucional de Pando.

El diputado Pablo Arizaga de Comunidad Ciudadana ha catalogado la situación como una «vergüenza» y ha cuestionado la competencia de los profesionales involucrados en la decisión, mientras que desde el MAS se han expresado diferentes posturas, desde el rechazo hasta la lamentación por la situación.

La anulación de las elecciones judiciales ha generado un revuelo político en el país, especialmente porque el proceso de preselección de los candidatos estaba en su fase final. La incertidumbre y la polémica rodean ahora el futuro del sistema judicial boliviano, con la promesa de acciones legales por parte de diversos actores políticos.

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