La magistrada Paola Prudencio Candia asumió este martes por la noche la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en un acto oficial, hecho que se da tras el cese de las funciones de cinco magistrados autoprorrogados, cuya situación legal cambió de manera radical en las últimas horas. La nueva autoridad anunció que se auditará todos los actos y resoluciones emitidas por los exmagistrados.
«Este Tribunal Constitucional Plurinacional ya no será un órgano de persecución ni velará por intereses subjetivos o particulares, sino que retoma su verdadero rol: ser el garante de que ustedes puedan administrar justicia sin recibir llamadas, presiones ni amenazas de nadie. Hoy el tiempo de la autoprórroga ha concluido. A partir de este momento se cierran las puertas a la arbitrariedad», enfatizó la nueva autoridad del TCP, tras la toma del juramento.
También ennfatizó que no permitirá que se «manipule la historia procesal del TCP. «Vamos a auditar lo actuado, porque la confianza de ustedes se recupera con verdad, no con discursos vacíos. No venimos a encubrir actos inconstitucionales, ilegales ni arbitrarios; venimos a sanear la casa de la justicia constitucional».
Afirmó que se realizará la reestructuración y la convocatoria pública para los cargos jurisdiccionales y administrativos, las auditorías internas, la revisión del presupuesto del Tribunal Constitucional Plurinacional, para la aplicación de medidas de austeridad y, finalmente, el levantamiento del cerco de seguridad del Tribunal Constitucional Plurinacional.
«A la comunidad jurídica nacional e internacional, y a nuestros colegas jueces y vocales, los instamos a que fallen conforme a la Constitución, conforme a la ley y que protejan al ciudadano. Nosotros, los cuatro magistrados electos que contamos con la legitimidad de su voto, asumimos el mando de la nave en medio de la tormenta, con la promesa solemne de llevarla a puerto seguro. La Constitución ha vuelto al Tribunal, la soberanía ha vuelto al pueblo y la justicia, desde hoy, vuelve a ser libre», enfatizó Prudencio, electa en diciembre de 2024 por el departamento de Oruro.
Lo que inicialmente parecía una transición ordenada, con un anuncio de que abandonarían sus funciones en 10 días, terminó precipitado por decisiones judiciales de dos salas constitucionales, en Potosí y Santa Cruz, que dispusieron el cese inmediato de cinco exautoridades. A ello se suman una orden de aprehensión y una alerta migratoria emitidas en su contra, profundizando la crisis institucional.
En total, cuatro órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juzgado de La Guardia, que dispone la aprehensión de los exmagistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas. El documento judicial establece que estas personas deben ser conducidas al módulo policial de La Guardia para quedar a disposición de la Justicia en el marco de una acción popular.
