Periódico Contraparte, 21 de mayo de 2025

Una solicitud explosiva acaba de aterrizar en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral: el abogado Wilmer Vásquez, representante del Frente Para la Victoria (FPV), pidió formalmente la cancelación de la personería jurídica del partido Unidad Nacional (UN), liderado por Samuel Doria Medina. ¿La razón? Un presunto acto de racismo cometido por el empresario y político contra la exministra de Comunicación Marianela Paco, que se remonta al año 2016 pero que ahora amenaza con sacar del juego a uno de los bloques clave de la oposición.

Según Vásquez, Doria Medina incurrió en “expresiones discriminatorias y racistas” en redes sociales cuando Paco ocupaba un cargo en el gobierno de Evo Morales. Aunque han pasado casi nueve años, el abogado asegura que la ley no prescribe el impacto institucional de un hecho discriminatorio cuando este proviene de una figura que representa a una organización política. “Si nosotros como FPV perdimos la personería por una sanción similar, exigimos igualdad ante la ley. Unidad Nacional debe correr la misma suerte”, declaró Vásquez.

El sustento legal de esta demanda se apoya en el artículo 58 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que establece que los partidos pueden ser eliminados del registro electoral si sus representantes incurren en acciones de racismo o discriminación que hayan sido sancionadas por ley. La denuncia que en su momento presentó Marianela Paco fue conocida por el Comité Nacional Contra el Racismo, aunque no terminó en un juicio penal. Sin embargo, para Vásquez, eso no exime la responsabilidad institucional ni borra el daño causado.

Hasta el momento, Unidad Nacional no ha emitido ninguna respuesta oficial, pero el impacto político es evidente. Si el TSE decide admitir la solicitud y avanzar en el proceso, UN podría quedar fuera de las elecciones generales de 2025, desarmando la estrategia de varias alianzas opositoras que contaban con el respaldo de este partido.

La jugada también pone en entredicho la solidez del discurso de renovación política y respeto a las normas, pues revive una época de guerra sucia digital, tensiones raciales y polarización que sigue latente en el país. Y todo esto ocurre mientras Bolivia se prepara para unas elecciones decisivas que prometen ser una batalla de alto voltaje.