PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 8 de junio de 2026

La fiscalización de los procedimientos legales activados en el marco de la crisis social se trasladó al plano parlamentario. Tal como se había anticipado, la diputada nacional Catherine Pinto Veneros, en su condición de presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, se constituyó este lunes en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la sede de gobierno para realizar un control institucional de las detenciones.

El objetivo central de la inspección legislativa fue auditar de primera mano las condiciones de reclusión temporal y el estado físico de las ocho personas que resultaron aprehendidas durante los operativos policiales y disturbios civiles registrados el pasado domingo en la urbe de El Alto, grupo en el que se encuentran incluidos cinco altos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).

Tras concluir el recorrido por las celdas judiciales y entrevistarse con el personal de custodia y los propios procesados, la parlamentaria informó de forma oficial que las actuaciones desarrolladas por la Policía Boliviana y los fiscales asignados se encuadran en la legalidad. Pinto Veneros constató de manera directa que el proceso penal se viene ejecutando bajo estricta observancia del principio del debido proceso consagrado en la CPE, validando que se respetan las garantías jurisdiccionales básicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos inmersos en la causa.

De acuerdo con el informe técnico de la comisión legislativa, se evidenció que en ningún momento se registraron apremios ilegales, vejámenes o acciones físicas que constituyan un menoscabo a la dignidad humana o un atropello a los derechos protegidos por los tratados internacionales. Al finalizar el verificativo, la diputada Pinto ratificó la posición de la Cámara Baja respecto a que todas las fases investigativas subsecuentes —incluyendo la audiencia de medidas cautelares prevista para las próximas horas— se ventilen con transparencia, garantizando que el cumplimiento de los fines del Estado de Derecho no implique la transgresión de las libertades individuales.