Periódico Contraparte, 21 de mayo de 2025
En un giro inesperado que ya provoca tensión entre filas políticas y analistas electorales, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ha admitido una acción popular que podría cambiar radicalmente el escenario de las próximas elecciones generales. La demanda busca inhabilitar a las agrupaciones ciudadanas Morena (Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico) y APB-Súmate (Alianza Por Bolivia – Súmate), argumentando que ambas carecen del alcance nacional requerido por ley para postular candidaturas en un proceso de carácter general.
Este recurso, que fue presentado con carácter urgente, se apoya en el artículo 60 de la Ley del Régimen Electoral, que exige a las organizaciones políticas presencia nacional para participar en elecciones presidenciales. “Estamos defendiendo el respeto a las normas. No se puede permitir que agrupaciones sin estructura nacional usurpen espacios que deben representar a todos los bolivianos”, afirmó uno de los impulsores de la demanda, quien prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias políticas.
La aceptación de la acción por parte del tribunal no es un simple trámite jurídico: abre la puerta a un proceso que podría derivar en la exclusión formal de estas agrupaciones del padrón electoral nacional. La audiencia de medidas cautelares ha sido fijada para el lunes 27 de mayo y se anticipa que será un evento clave en la agenda política del país. Dirigentes de ambas fuerzas se han pronunciado enérgicamente, calificando la demanda como una jugada política para silenciar opciones alternativas.
“Es un atentado a la democracia y una muestra de que el miedo a nuestra propuesta es real”, dijo una representante de APB-Súmate, mientras que desde Morena denunciaron una “persecución sistemática” en su contra. Sin embargo, juristas independientes sostienen que si se demuestra la falta de alcance nacional, la inhabilitación sería legal y legítima.
Este nuevo capítulo en el proceso electoral 2025 ha desatado una ola de especulaciones sobre posibles reconfiguraciones de alianzas y la distribución del voto. Si la acción prospera, las cartas se barajarían nuevamente, beneficiando a los partidos con presencia consolidada. El país observa atento lo que muchos ya califican como una “bomba jurídica” en plena cuenta regresiva electoral.
