CONTRAPARTE, 16 de octubre de 2024
Las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre enfrentan un momento crítico tras las recientes resoluciones de las salas constitucionales de Beni y Pando, que declararon desiertas las convocatorias para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó esta situación como «muy peligrosa», señalando que se está empujando al país hacia escenarios antidemocráticos.
El pasado martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Beni y una sala constitucional en Pando resolvieron dejar sin efecto las convocatorias, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la viabilidad de las elecciones judiciales. Según Callisaya, estas acciones forman parte de una serie de obstáculos constitucionales que comprometen seriamente el proceso electoral.
“El país está siendo empujado hacia salidas no democráticas”, advirtió Callisaya, agregando que la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una pronta respuesta para garantizar el desarrollo del proceso electoral.
El defensor confirmó el envío de una carta al presidente del TCP, Paul Enrique Franco, solicitando una revisión rápida y oportuna de las resoluciones emitidas en Beni y Pando. “Es necesario que se adopten medidas inmediatas, tal como se ha hecho en otras ocasiones”, afirmó.
Asimismo, Callisaya informó que una nota fue enviada al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, para que informe sobre las acciones que tomará la entidad electoral frente a esta compleja situación, con el fin de asegurar el derecho político de la ciudadanía.
Este miércoles, la Sala Plena del TSE tiene previsto reunirse para definir las medidas a seguir ante los fallos judiciales, que podrían poner en riesgo las elecciones judiciales en todo el país. Si no se resuelven a tiempo, estas decisiones podrían derivar en una crisis institucional de grandes proporciones, afectando la estabilidad democrática de Bolivia.
Las autoridades advierten que, de no adoptarse acciones rápidas, las repercusiones legales y políticas podrían tener un impacto duradero, debilitando la confianza en el sistema judicial y electoral.
