PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 8 de junio de 2026
La promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción no frenó las presiones políticas y sociales sobre el Órgano Ejecutivo; por el contrario, aceleró los mecanismos de exigencia legal. Este lunes 8 de junio, representantes de la sociedad civil y de corporaciones religiosas presentaron formalmente una Acción Popular ante el Órgano Judicial para conminar al presidente del Estado, Rodrigo Paz, a decretar de forma inmediata el Estado de Excepción y proceder al despeje de las carreteras que permanecen bloqueadas.
El recurso constitucional fue interpuesto de manera específica por el líder de las iglesias evangélicas del país, Luis Aruquipa, señalando directamente al presidente Rodrigo Paz como la autoridad accionada. La demanda fue recepcionada por las ventanillas de las autoridades judiciales competentes en la sede de gobierno, en una jornada marcada por la impaciencia de diversos sectores urbanos que esperaban un pronunciamiento oficial del mandatario tras recibir el visto bueno del Legislativo para aplicar esta medida extraordinaria.
El asesor jurídico patrocinante de la causa, el abogado Ramiro Carrillo, justificó la activación de esta vía constitucional argumentando que la ciudadanía ya no puede tolerar la parálisis logística del país ni la supuesta pasividad del primer mandatario. “Como el día de hoy se ha promulgado la ley de excepciones, muchos estábamos esperando que con esto se pueda decretar el Estado de Excepción, ya sea en toda Bolivia o en ciertas regiones. Al no haber hecho este anuncio el presidente Rodrigo Paz, tomamos la iniciativa de presentar una Acción Popular”, explicó el jurista en declaraciones a medios locales.
Carrillo puntualizó que el objetivo central del recurso es activar las garantías constitucionales en favor de los millones de ciudadanos afectados por el desabastecimiento alimentario y de carburantes provocado por las movilizaciones de las facciones evistas y sindicales. “Pedimos que el presidente emita el decreto de Estado de Excepción con base a la ley promulgada y ya no estemos alargando la espera un día ni dos días, o meses”, complementó. Se prevé que en las próximas horas el tribunal de garantías asignado analice los requisitos de forma y proceda a la admisión del recurso, fijando la fecha y hora para una audiencia pública virtual o presencial que obligará al equipo jurídico de la Presidencia a justificar la gradualidad de sus determinaciones operativas.
