Periódico Contraparte, 03 de octubre de 2024

La reciente orden de aprehensión emitida contra Evo Morales por el delito de trata de personas ha puesto al expresidente en el centro de una grave acusación, que involucra a una joven tarijeña que, según el documento, quedó embarazada a sus 15 años y dio a luz a una hija en 2016. Este caso ha generado controversia y denuncias sobre supuestos beneficios políticos y económicos obtenidos por los padres de la menor en su relación con Morales.

De acuerdo con la resolución judicial, firmada por los fiscales Pamela Ovando, Christian Guerrero y Andrés Soruco, la joven conoció a Morales mientras formaba parte del grupo Generación Evo en Tarija. Según el documento, los padres de la adolescente la habrían presionado para mantener relaciones con el exmandatario, con el objetivo de obtener beneficios políticos y económicos. Los padres de la menor están acusados de lucrar con su hija, presuntamente obteniendo cargos privilegiados y viajes internacionales como compensación.

El caso ha sido abordado como un delito de trata de personas con agravante, y las investigaciones señalan que la menor habría quedado embarazada en 2015, dando a luz en 2016, cuando tenía solo 16 años. En 2018, se emitió en Yacuiba la partida de nacimiento de la hija, la cual fue atribuida a Morales. «Al haber sido rechazada como candidata a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, la madre de la joven fue designada como Directora de Género del Gobierno Regional de Gran Chaco, cargo que mantuvo durante varios años», reza parte del documento judicial.

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reveló el miércoles que Morales era investigado por estupro y trata de personas. Además, confirmó que la orden de aprehensión fue suspendida luego de que se aceptara un recurso de acción de libertad presentado en Santa Cruz. Sin embargo, horas después, Gutiérrez fue cesada de su cargo por orden del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el caso fue transferido a la fiscal nacional especializada en delitos contra menores, Alejandra Rocha Villarroel. Gutiérrez denunció públicamente que Lanchipa estaría protegiendo al exmandatario.

El documento que sustenta la orden de aprehensión asegura que existen “suficientes elementos de convicción” para sostener la acusación de trata de personas, un delito que se castiga con penas superiores a los tres años de prisión. Los fiscales enfatizaron que, al tratarse de un caso que involucra a una persona menor de edad en el momento de los hechos, la investigación debe ser exhaustiva y garantizar la verdad.

Diversas fuentes indican que Morales podría estar en la clandestinidad, y se rumorea que estaría considerando la posibilidad de solicitar asilo en otro país. Este caso ha reavivado el debate en torno a la justicia en Bolivia y el uso de la ley para persecuciones políticas, con implicaciones que van más allá del ámbito judicial, afectando tanto a Morales como al escenario político nacional.