La Paz.-El Ministerio Público, a través de su brazo Especializado en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, intensificó la ofensiva judicial contra el exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi Quispe. La Fiscalía solicitó formalmente la detención preventiva del exdirigente, exigiendo su reclusión por un periodo de seis meses en el penal de San Pedro.»
La medida cautelar, considerada la más restrictiva, responde a la presentación de una Resolución de Imputación Formal por la presunta comisión de tres graves delitos de corrupción. La Fiscalía argumenta que la reclusión es «necesaria, idónea y proporcional» dada la «probabilidad de autoría» del sindicado.
La imputación formal recae sobre tres tipos penales definidos en la legislación boliviana, que apuntan a un presunto uso indebido de la función pública para beneficio personal:
- Enriquecimiento Ilícito (Ley 004).
- Uso Indebido de Influencias (Art. 146 del Código Penal).
- Concusión (Art. 151 del Código Penal).
La solicitud de detención se fundamenta en la existencia de riesgos procesales inminentes: tanto el riesgo de fuga como la posibilidad de obstaculización de la justicia por parte de Juan Carlos Huarachi. La Fiscalía destacó que el imputado tiene su residencia en Huanuni y es minero de profesión, elementos que contribuyen al argumento de peligro de fuga.
El fiscal Anticorrupción Aldo Meza, informó este lunes que la aprehensión del exejecutivo de la COB se ejecutó tras recolectar indicios que dan cuenta que recibió Bs 40.000 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a cargo del entonces ministro Juan Santos Cruz, procesado en el caso «coimas».
Además, se indagan presuntos pagos provenientes de otras instituciones públicas, entre ellas la CNS.
