18/12/2023 En una reciente declaración, el líder de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), René Llojlla, anunció la convocatoria de una Asamblea para el 8 de enero, en la cual se espera la liberación de sus colegas detenidos. Llojlla advirtió que, en caso de no conceder la libertad a César Apaza, la reacción de las bases cocaleras de Yungas podría tomar un rumbo que no agradará ni a la población boliviana ni al Gobierno central.
Recordando el reconocimiento previo del Gobierno a la Adepcoca de Villa Fátima como el único mercado legal de coca, Llojlla subrayó que la no liberación de Apaza podría reinstaurar a la institución cocalera como un desafío para las autoridades. «Queremos advertir al Gobierno central: que tenga precaución, pues el potencial conflicto de los Yungas podría resurgir y convertirse en un problema para el Gobierno central», enfatizó.
Cabe destacar que César Apaza lleva detenido desde septiembre de 2022, acusado de su presunta participación en la quema del mercado paralelo de coca de Villa El Carmen. La salud de Apaza se ha deteriorado desde entonces, generando preocupación entre sus compañeros cocaleros, quienes exigen su defensa en libertad.
Adicionalmente, se denuncian irregularidades en la detención de Apaza, señalando presiones para que se declare culpable, práctica que, según los cocaleros, ha sido utilizada con otros dirigentes que se autoinculparon para obtener su liberación. La Adepcoca también demanda la liberación de Raúl Urias y Juan Cocarico, quienes enfrentan procesos judiciales.
Consultado sobre dirigentes que previamente se declararon culpables, Llojlla acusó al Gobierno de haber ejercido presiones hábiles sobre los cocaleros, sugiriendo que fue el precio que tuvieron que pagar por su libertad.
La relación entre el Gobierno y la Adepcoca de Villa Fátima ha experimentado tensiones en el pasado, incluyendo enfrentamientos con la Policía en 2022. El cierre del mercado paralelo de Villa El Carmen, inicialmente respaldado por el Gobierno, generó conflictos que posteriormente llevaron a un cambio de postura gubernamental, reconociendo nuevamente a la Adepcoca de Villa Fátima como la única entidad legalmente reconocida. Ahora, la situación se vuelve a complicar debido al caso de César Apaza.
