Periódico ContraParte, 15 de agosto 2024
La Comisión que investiga el alzamiento militar ocurrido el pasado 26 de junio en la Plaza Murillo ha denunciado públicamente que el Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, impidió una entrevista crucial con el capitán del Ejército Marco Caviedes, actualmente detenido preventivamente en el penal de San Pedro, La Paz. La entrevista era fundamental para esclarecer los acontecimientos de esa jornada.
«A través del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y del director nacional de Régimen Penitenciario, se nos ha prohibido entrevistar a un capitán que guarda detención preventiva en este centro reclusorio», declaró William Tórrez, senador y miembro de la comisión investigadora. Según Tórrez, esta negativa es una clara señal de que el Gobierno de Luis Arce busca obstruir la investigación, impidiendo que se llegue al fondo de lo sucedido.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, fue quien emitió la orden que negó «todo acceso» al capitán Caviedes, según la denuncia del senador. Tórrez también acusó al Gobierno de utilizar todos los recursos a su disposición, incluyendo a la Policía y al director del penal de San Pedro, para bloquear la investigación. «Denunciamos de manera pública que el Gobierno de Arce Catacora está utilizando todos los medios a su alcance; en especial, al ministro de Gobierno, al director de Régimen Penitenciario, a los policías y al director de San Pedro, para evitar que podamos acceder a una entrevista que pueda dar lugar a conocer más hechos sobre lo ocurrido el 26 de junio», enfatizó.
El legislador también criticó que la prohibición carece de fundamentos legales, argumentando que la comisión sí solicitó el permiso necesario al ministro de Gobierno, pero no obtuvo respuesta. «¿Qué tiene que ver el ministro de Gobierno con la labor de la comisión especial investigadora? Además, sí se dirigió un oficio al ministro, pero a él no le dio la gana de responder a este oficio», cuestionó Tórrez, subrayando la falta de cooperación del Gobierno en el proceso investigativo.
Esta situación ha generado un clima de tensión entre la comisión investigadora y el Ejecutivo, que podría tener repercusiones legales y políticas a medida que se desarrollan los hechos.
