El dirigente campesino de la provincia Camacho, Demetrio Choque, manifestó públicamente que las bases del sector agrario se sienten profundamente defraudadas y engañadas por la actual administración del Gobierno nacional. El representante argumentó que el Órgano Ejecutivo no ha implementado medidas favorables para el área rural del país.
Choque deslindó de forma expresa la responsabilidad del campesinado respecto a la actual crisis de abastecimiento de combustibles y la vigencia de decretos regulatorios. Sostuvo que las determinaciones sobre la importación de carburantes de baja calidad corresponden al nivel central, factor que detonó el malestar social y la salida de los comunarios hacia las carreteras.
El vocero sindical cuestionó de igual manera las convocatorias al diálogo emitidas por los representantes estatales. Denunció que mientras las autoridades llaman a la pacificación en los medios, de forma paralela ejecutan operativos de captura, condicionamientos y envío de mensajes intimidatorios dirigidos en contra de los secretarios generales y mallkus de las regiones movilizadas.
“Nos sentimos engañados, defraudados con este gobierno. ¿Por qué podríamos acudir al llamado del gobierno mientras tanto llama al diálogo, está cazando a nuestras autoridades, a nuestros dirigentes?”, cuestionó Demetrio Choque.
Respecto al balance de damnificados en su sector regional, el dirigente informó que la provincia Camacho registra de forma interna 18 personas detenidas, cuatro de las cuales ya cuentan con sentencias judiciales dictadas. El reporte provincial de Choque añade un saldo de varios comunarios heridos y un huelguista fallecido durante los enfrentamientos viales.
Finalmente, al ser consultado sobre el deceso de más de diez personas civiles —incluyendo choferes, mujeres y niños— atrapadas en los bloqueos o impedidas de llegar a centros médicos en Senkata, Choque señaló que la culpabilidad debe ser determinada por el Ministerio Público mediante pruebas científicas. Remarcó que los fallecimientos configuran una consecuencia colateral del conflicto general que la justicia ordinaria debe investigar.
