El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció de forma oficial la activación de procesos penales de alta gravedad en contra del expresidente Evo Morales. La administración del presidente Rodrigo Paz acusa formalmente al líder de las federaciones cocaleras de ser el principal autor intelectual de un intento de desestabilización del orden democrático. Los cargos acumulados por la fiscalía interna configuran delitos de terrorismo, narcotráfico y daño económico calificado.
De acuerdo con el informe técnico brindado por la cartera de Gobierno, las investigaciones identifican a Morales como el responsable de promover la violencia civil en las carreteras fundamentales. El pliego acusatorio detalla que la vigencia del cerco logístico provocó pérdidas insostenibles para el aparato productivo y ocasionó la muerte de ciudadanos que quedaron desamparados en las rutas troncales del territorio nacional.
Frente a la vigencia del Estado de excepción decretado por el Órgano Ejecutivo, Oviedo ratificó que la medida constitucional posee un carácter estrictamente nacional y vinculante. La autoridad gubernamental enfatizó que no existirán zonas de exclusión territorial ni fueros sindicales especiales, lo que faculta el ingreso inmediato de las fuerzas de seguridad del Estado a las zonas del Trópico de Cochabamba.
“Con Evo Morales, la ley, con el narcoterrorismo, la ley. Ya haremos las operaciones que sean necesarias en el momento debido, guerra avisada no mata moros, pero con ellos la ley. Es una política de gobierno que tenemos que acabar con esta estructura narcomafiosa que ha estado haciendo los desmanes que han hecho durante sus últimos 40, 50 días en nuestra patria”, sentenció el ministro Marco Antonio Oviedo.
El titular de la seguridad interna del Estado precisó que los mandos superiores de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas se encuentran elaborando los planes tácticos de contingencia vial. El despliegue de las tropas combinadas se operativizará de forma proporcional en los municipios del Trópico para retomar el control de las instituciones públicas y garantizar el libre tránsito de mercancías.
La determinación gubernamental se consolida tras cumplirse una ventana de más de 50 días de quiebre logístico en el eje central del país, atribuido de forma directa a los piquetes leales al exmandatario. El Ejecutivo conminó a las bases movilizadas a deponer cualquier resistencia civil frente a las patrullas bajo la advertencia de que se aplicará todo el rigor de la normativa penal vigente.
