Periódico Contraparte, 19 de mayo de 2026.

Ante la escalada de conflictividad social que afecta severamente a las ciudades de La Paz y El Alto, el reconocido activista y abogado constitucionalista, Roberto de la Cruz, lanzó un llamado urgente a los sectores en conflicto y a las autoridades competentes para habilitar de manera inmediata un corredor humanitario. La medida busca garantizar la atención de la emergencia sanitaria, la cual, según De la Cruz, ha llegado a un punto crítico donde los centros hospitalarios enfrentan serios obstáculos para asistir a heridos y pacientes con enfermedades crónicas.

“Un líder responsable tiene la obligación de priorizar la vida y la salud colectiva cuando el conflicto escala a niveles críticos”, enfatizó el abogado, subrayando que la asistencia debe ser integral y permitir el flujo de oxígeno, medicamentos, ambulancias, insumos médicos, combustible y alimentos. Para asegurar la neutralidad y efectividad de esta acción, De la Cruz propuso que la coordinación sea liderada por organismos con alta solvencia ética, como la Cruz Roja Boliviana y la Iglesia Católica, instituciones que actuarían como garantes ante las partes movilizadas.

El activista, conocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, insistió en que el acceso a la salud es un derecho innegociable que no debe estar sujeto a condiciones ni postergaciones políticas, especialmente considerando la vulnerabilidad de niños, adultos mayores y personas que dependen de tratamientos constantes. “La situación en los hospitales es crítica”, advirtió, instando a las partes a deponer actitudes que bloquean el ejercicio del derecho fundamental a la vida.

En paralelo a su demanda humanitaria, De la Cruz expresó un firme repudio ante los recientes actos de violencia simbólica ocurridos en el país. El constitucionalista denunció la quema de la Wiphala por parte de grupos racistas, calificando este hecho como un acto de vandalismo que no solo degrada el tejido social, sino que deslegitima cualquier protesta ciudadana. “No debemos mostrar ni cometer actos de racismo”, sentenció, haciendo un llamado a la cordura y a la erradicación de conductas que inciten al odio.

La postura de De la Cruz se resume en un mensaje de respeto mutuo: mientras la sociedad civil tiene derecho a manifestarse, este derecho termina donde empieza el atropello a los símbolos patrios y el riesgo a la integridad física de terceros. El abogado instó a la ciudadanía a no caer en provocaciones y a privilegiar el diálogo constructivo como única vía para resolver las diferencias, siempre bajo el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad de todos los bolivianos.