PERIÓDICO CONTRAPARTE / La Paz, 6 de junio de 2026
Las repercusiones políticas tras la violenta jornada de desbloqueo en el oriente del país desnudaron posturas disímiles en las altas esferas del Órgano Ejecutivo. El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, emitió una dura declaración este sábado en la que denunció públicamente la presencia de civiles portando artefactos explosivos durante la intervención caminera en el municipio de San Julián, cuestionando severamente el desempeño de los contingentes de seguridad por haber permitido dicha participación.
A través de los canales digitales oficiales de la Vicepresidencia, la segunda autoridad del país manifestó su alarma por las características que están adquiriendo los operativos institucionales de despeje de rutas fundamentales. “Resulta inaceptable que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas hayan permitido la presencia de grupos civiles portando artefactos explosivos en medio de operativos. Lo ocurrido en San Julián evidencia un peligroso escenario de confrontación que puede derivar en consecuencias irreparables para la población”, aseveró de forma textual Lara, extendiendo sus observaciones a los sucesos registrados previamente en el valle de Río Abajo. No obstante, en su pronunciamiento no se incluyeron alusiones o condolencias hacia los uniformados que resultaron heridos por impactos de proyectiles de arma de fuego.
El reporte pormenorizado de las refriegas civiles en San Julián dio cuenta de intensos enfrentamientos que se prolongaron por horas, incluyendo el uso masivo de agentes químicos, la quema de motocicletas y destrozos materiales de magnitud. El vicepresidente argumentó que el discurso oficial orientado a consolidar la libre transitabilidad a cualquier costo propició excesos y actos de saqueo que terminaron por afectar el patrimonio de familias productoras locales frente a la supuesta pasividad de las fuerzas encargadas de resguardar el orden público. Ante la complejidad del escenario, Lara instó formalmente a organismos internacionales de derechos humanos —como la CIDH, la OEA y la ONU— a activar misiones de seguimiento técnico sobre lo que acontece en el territorio nacional.
Por su parte, el alcalde del municipio de San Julián, Carlos Vaca, coincidió en denunciar la incursión de presuntos grupos de choque civiles ajenos a la región, señalando que estos elementos ingresaron a saquear viviendas particulares y provocaron la reacción defensiva y el levantamiento de la población local. Esta postura contrasta de manera directa con los informes técnicos provistos por el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, quien ratificó que las bajas de la jornada correspondieron al bando policial, confirmando que dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) fueron baleados en el cráneo y tuvieron que ser ingresados de urgencia en quirófanos de la capital cruceña.
