La medida extraordinaria fue respaldada por la Asamblea Legislativa durante una sesión que se extendió hasta la madrugada. El Gobierno sostiene que busca restablecer el orden y garantizar los servicios esenciales en medio de los conflictos que atraviesa el país.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la madrugada de este domingo el Decreto Supremo 5636, mediante el cual el Gobierno de Rodrigo Paz declaró Estado de Excepción en todo el territorio nacional. La decisión legislativa ratifica una medida que ya se encontraba vigente desde las primeras horas del sábado tras su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
La sesión fue convocada para las 23:00 del sábado, aunque su instalación se produjo cerca de la medianoche en medio de observaciones de algunos legisladores por la forma en que se realizó la convocatoria. Tras varias horas de debate, la resolución fue aprobada a las 02:35 de este domingo.
El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que la Asamblea resolvió respaldar las acciones adoptadas por el Órgano Ejecutivo a través del Decreto Supremo 5636, consolidando así la vigencia plena del Estado de Excepción.
Con esta decisión, el Legislativo avala la aplicación de una medida extraordinaria prevista por la normativa boliviana para situaciones de grave alteración del orden público, conflictos internos o circunstancias que comprometen la seguridad nacional y el funcionamiento de servicios considerados esenciales para la población.
Desde el Gobierno se argumenta que la declaratoria responde al escenario generado por los prolongados bloqueos y las amenazas de profundización de las protestas en distintas regiones del país, factores que han provocado dificultades en el transporte, el abastecimiento y la prestación de servicios.
La norma establece una vigencia inicial de 90 días. Sin embargo, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que existe la posibilidad de ampliar ese periodo si las condiciones que motivaron la medida persisten.
Mientras el Ejecutivo sostiene que el objetivo es restablecer la normalidad y garantizar la libre circulación, sectores políticos y organizaciones sociales observan con atención el alcance de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno y los mecanismos de control que acompañarán su aplicación.
La aprobación legislativa marca un nuevo capítulo en la crisis política y social que atraviesa Bolivia, en un momento en que el país continúa enfrentando tensiones derivadas de los conflictos y movilizaciones que se mantienen en diferentes puntos del territorio nacional.
